La Enmienda 83: Un paso hacia la igualdad de género y la reclasificación profesional en la Junta de Extremadura

La lucha silenciosa de las auxiliares administrativos en Extremadura

En el corazón de la administración pública extremeña, una batalla por la justicia laboral y el reconocimiento profesional ha estado librándose durante más de una década y media. Lo que comenzó como una modesta carta al director en un periódico regional en 2009 se ha convertido en un movimiento persistente que busca redefinir las funciones y categorías de los empleados públicos en la Junta de Extremadura.

El origen de una reivindicación

El 27 de mayo de 2009, un grupo de trabajadores de la Junta de Extremadura, bajo el nombre de Agrupación para la Integración en el Cuerpo Administrativo, alzó su voz a través de una carta publicada en «Extremadura al día». Su mensaje era claro: la necesidad urgente de una reclasificación laboral del Cuerpo Auxiliar al Cuerpo Administrativo.

La razón principal de esta demanda radicaba en la creciente similitud y solapamiento de funciones entre ambos cuerpos. Las auxiliares argumentaban que, de facto, ya estaban realizando tareas propias de administrativos, sin el reconocimiento oficial ni la remuneración correspondiente.

Argumentos sólidos para el cambio

La Agrupación para la Integración en el Cuerpo Administrativo respaldó su petición con cuatro argumentos principales:

1º. Precedentes en otras comunidades autónomas, donde procesos similares habían mejorado la eficacia y productividad.

2º. La evidente coincidencia de funciones entre auxiliares y administrativos.

3º. La posesión de la titulación requerida para el Cuerpo Administrativo por parte de las auxiliares.

4º. El apoyo de organizaciones sindicales, como la FSP-UGT, que reconocían la semejanza en las funciones desempeñadas.

Un largo camino hacia el reconocimiento

Desde aquella carta inicial, la lucha por la reclasificación ha ganado impulso y reconocimiento. En la décima legislatura de la Asamblea de Extremadura, el Grupo Parlamentario Popular se convirtió en un aliado clave, presentando iniciativas que buscaban abordar esta situación irregular.

La batalla parlamentaria por la reclasificación

El punto culminante del apoyo político a la causa de las auxiliares administrativos se materializó en una serie de iniciativas parlamentarias, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, durante la X legislatura. Estas acciones no solo pusieron de manifiesto la creciente preocupación por la situación laboral de este colectivo, sino que también sentaron las bases para un posible cambio estructural en la administración pública extremeña.

Preguntas parlamentarias: El preludio de la acción

El 3 de febrero de 2022, el Grupo Parlamentario Popular dio el primer paso significativo al presentar dos preguntas parlamentarias cruciales, publicadas en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura (BOAE) Número 558:

1ª. La iniciativa 3.296 cuestionaba directamente: «¿Tiene constancia la Junta de Extremadura de que Auxiliares Administrativos del Grupo C2 estén realizando funciones de Administrativos del Grupo C1?»

2ª. La iniciativa 3.299 iba un paso más allá, preguntando: «¿Contempla la Junta de Extremadura la reclasificación de las Auxiliares Administrativos del Grupo C2 que realizan funciones de Administrativos del grupo C1?»

Estas preguntas no solo buscaban obtener información, sino que también pretendían poner sobre la mesa la realidad cotidiana de muchos trabajadores de la administración y abrir el debate sobre la necesidad de una reclasificación.

La Enmienda Número 83: Un hito en la lucha por la reclasificación

El verdadero punto de inflexión llegó el 14 de diciembre de 2022, una fecha cargada de simbolismo para el movimiento obrero español. En el 34º aniversario de la histórica huelga general de 1988, considerada la más grande de la democracia española, el Grupo Parlamentario Popular presentó la Enmienda Número 83 al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023.

Esta enmienda, publicada en el BOAE Número 737, proponía añadir una disposición adicional con un texto que podría cambiar el futuro de miles de trabajadores públicos. El texto de la disposición establecía lo siguiente:

«La Junta de Extremadura impulsará un proceso de definición de todos y cada uno de los puestos prestados por el personal al Servicio de la Administración Autonómica al objeto de proceder en su caso a su reclasificación y actualización de las diferentes categorías profesionales existentes adecuándolas a la Ley de Función Pública de Extremadura.»

La justificación de esta enmienda era clara y contundente:

«En la actualidad, existen diferentes colectivos de empleados públicos que reivindican una adecuación de sus funciones y una reclasificación profesional ante las que la Administración no puede permanecer indiferente, por lo que consideramos necesario iniciar este proceso de actualización y reclasificación profesional en el ámbito de la Comunidad Autónoma.»

Expectativas y significado histórico

La elección del 14 de diciembre para presentar esta enmienda no fue casual. Esta fecha evoca la histórica huelga general de 1988, un hito en la lucha por los derechos laborales en España. Algunos de los actuales empleados públicos de la Junta de Extremadura, que ahora se encuentran en la situación de reivindicar una reclasificación, fueron protagonistas activos de aquella jornada de protesta hace más de tres décadas.

Un compromiso pendiente

Con el cambio de gobierno en Extremadura, las esperanzas de las auxiliares administrativos están puestas en que la actual administración cumpla con el compromiso expresado en la oposición. Se espera que la Consejería de Hacienda y Administración Pública tome cartas en el asunto e inicie el tan ansiado proceso de reclasificación.

Más allá de una simple reivindicación

Este movimiento no solo busca el reconocimiento profesional, sino también una mejora en la eficiencia de la administración pública extremeña. La regularización «de iure» de las funciones que ya se realizan «de facto» no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que podría traducirse en un servicio más ágil y efectivo para los ciudadanos.

Conclusión: Una lucha continua

La historia de la Agrupación para la Integración en el Cuerpo Administrativo y su lucha por la reclasificación es un testimonio de perseverancia y un llamado a la modernización de las estructuras administrativas. Mientras el reloj sigue avanzando, miles de auxiliares administrativos en Extremadura esperan que su dedicación y capacidades sean finalmente reconocidas, no solo en la práctica, sino también en el papel.

La enmienda presentada, las preguntas parlamentarias y el compromiso político demuestran que la reivindicación ha trascendido de ser un movimiento local a convertirse en una demanda seria y fundamentada que exige una respuesta institucional. Esta reivindicación cobra aún más relevancia al considerar la perspectiva de género en la función administrativa de la Junta de Extremadura. Según datos presentados al Director General de la Función Pública en julio de 2024, la composición por género en la función administrativa muestra un claro desequilibrio: el 80% son mujeres, frente a solo un 20% de hombres. Más aún, en la categoría específica de Auxiliares administrativos, el 86% son mujeres. Estos datos subrayan que la reclasificación no solo es una cuestión de justicia laboral, sino también un paso crucial para abordar la desigualdad de género en la administración pública extremeña. La implementación de la Enmienda 83 y el proceso de reclasificación se presentan, por tanto, como medidas necesarias para corregir esta disparidad y promover una verdadera igualdad de oportunidades en el ámbito laboral público.

Cada paso dado, cada iniciativa presentada, representa un avance en el camino hacia el reconocimiento justo de los profesionales que día a día sostienen el engranaje de la administración pública extremeña.