Los ciudadanos exigen respuestas a solicitudes de información pública
La transparencia y el acceso a la información pública son pilares fundamentales de una democracia saludable. Sin embargo, parece que en Extremadura, algunos ciudadanos están teniendo dificultades para obtener respuestas a sus solicitudes de información pública.
Según un documento publicado en el blog "Reclasificación Auxiliares YA", un ciudadano ha registrado 29 solicitudes de información pública a través del Portal de Transparencia y Participación Ciudadana de la Junta de Extremadura durante los años 2022 y 2023, pero aún no ha recibido respuestas expresas, por escrito y fundamentadas a estas peticiones.
La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce el derecho de acceso a los expedientes y establece las bases legales para garantizar que los ciudadanos reciban respuestas claras, fundamentadas y adecuadas a sus solicitudes, en concordancia con los principios de transparencia, celeridad y calidad en la gestión administrativa.
Sin embargo, parece que en la práctica, la aplicación de estas leyes deja mucho que desear. Como señala el periodista Juan Fernández, "España cuenta con una de las normativas laborales más avanzadas del mundo, pero pocas empresas cuentan con protocolos para aplicar la legislación". De hecho, España es conocida por tener una profusión normativa, con "muchas leyes, pero poco cumplimiento".
Es por ello que este ciudadano solicita a la Junta de Extremadura que le ofrezca respuestas expresas, por escrito, fundadas, en tiempo y forma, adecuadas al procedimiento correspondiente y en congruencia con las 29 peticiones de información pública que ha realizado.
La transparencia y el acceso a la información pública son derechos fundamentales de los ciudadanos, y las administraciones públicas tienen la obligación de garantizarlos. Esperemos que la Junta de Extremadura atienda con prontitud y diligencia las solicitudes de este ciudadano, dando así un ejemplo de buena gobernanza y respeto a los derechos de los administrados.