Reclasificación YA exige: Marco jurídico, compromisos políticos y urgencia administrativa para el colectivo auxiliar administrativo C2

Nota Informativa y de Prensa

La plataforma Reclasificación YA expone públicamente la situación de desprotección que afecta al colectivo de auxiliares administrativos C2 de la Junta de Extremadura y reclama una actuación inmediata que garantice seguridad jurídica, transparencia y respeto a la carrera profesional de estos empleados públicos. La ausencia de un instrumento organizativo que defina con claridad sus funciones ha generado un vacío normativo que se ha convertido en un problema estructural dentro de la Administración autonómica.

El Consejo de Transparencia ha intervenido recientemente, estimando una reclamación que obliga a la Consejería de Educación a facilitar un Manual de Funciones que la Junta reconoce, en la Resolución del Expediente 3020/2025, “no tener sistematizado ni aprobado formalmente”. Esta situación contraviene la jurisprudencia vigente, especialmente la Sentencia 69/2023 del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Cáceres, que exige una delimitación precisa de las tareas que diferencian los subgrupos C1 y C2.

La Administración continúa aplicando una «cláusula de flexibilidad funcional» de carácter meramente enunciativo, lo que permite asignar funciones superiores sin reconocimiento ni regulación. Esta práctica impide acreditar de forma objetiva qué tareas corresponden realmente a cada subgrupo, desvirtúa la clasificación profesional y vulnera los principios de mérito, capacidad y estabilidad que deben regir el empleo público.

Reclasificación YA recuerda a la presidenta de la Junta de Extremadura que su partido adquirió compromisos explícitos en sede parlamentaria para abordar esta cuestión. Es imprescindible que dichos compromisos se materialicen con fecha y presupuesto antes de que finalice la legislatura. No es aceptable que, tras más de cuarenta años de autonomía, los 2.550 Auxiliares Administrativos, el colectivo más numeroso de la Administración General y el 15% de su plantilla, sigan sin un descriptor funcional claro y continúen sometidos a una flexibilidad que distorsiona su clasificación profesional.

La plataforma subraya que el Grupo Parlamentario Popular ya reconoció esta problemática en la X Legislatura mediante tres actuaciones parlamentarias de gran relevancia:

A) Preguntas parlamentarias del 3 de febrero de 2022

El Grupo Parlamentario Popular presentó dos iniciativas en el BOAE Nº 558 que evidenciaban la situación del colectivo:

- Iniciativa 3296: “¿Tiene constancia la Junta de Extremadura de que Auxiliares Administrativos del Grupo C2 estén realizando funciones de Administrativos del Grupo C1?”

- Iniciativa 3299: “¿Contempla la Junta de Extremadura la reclasificación de las Auxiliares Administrativos del Grupo C2 que realizan funciones de Administrativos del grupo C1?”

Estas preguntas buscaban visibilizar la realidad laboral del colectivo y abrir el debate institucional sobre la necesidad de una reclasificación justa.

B) Enmienda Número 83 (14 de diciembre de 2022)

La Enmienda Nº 83 al Proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, publicada en el BOAE Nº 737, proponía iniciar un proceso de definición y actualización de todas las categorías profesionales de la Administración autonómica, incluyendo la reclasificación de los puestos que así lo requirieran.

C) Justificación de la enmienda

La motivación era clara y plenamente vigente:

“Existen diferentes colectivos de empleados públicos que reivindican una adecuación de sus funciones y una reclasificación profesional ante las que la Administración no puede permanecer indiferente.”

Reclasificación YA concluye que la situación del colectivo C2 es insostenible y exige una respuesta inmediata. La plataforma solicita que la Junta de Extremadura cumpla los compromisos adquiridos, garantice la seguridad jurídica y proceda a la elaboración del Manual de Funciones y a la reclasificación profesional conforme a la normativa vigente.

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En teoría, la Junta de Extremadura debería conocer qué es un descriptor de puesto de trabajo.

En la práctica, inexistencia de normativa funcional: según consta en la Resolución del expediente 3020/2025, la Junta de Extremadura carece de un manual de funciones aprobado. Esta laguna normativa está siendo suplida mediante una interpretación extensiva de la ‘flexibilidad funcional’, lo que está dando lugar a la asignación sistemática de tareas que exceden las competencias propias de la categoría o del grupo profesional de los empleados públicos.