Hoja de recogida de firmas, por la equiparación de los empleados públicos de la Junta de Extremadura
¡Firma para exigir justicia y dignidad laboral!
Los abajo firmantes reclamamos a la Junta de Extremadura la equiparación integral, tanto laboral como salarial, de todos los empleados públicos, por los siguientes motivos:
1. Principio de Solidaridad: Luchar Juntos por la Justicia Salarial
Esta iniciativa se fundamenta en un verdadero principio de solidaridad entre todos los grupos profesionales. Apostamos por la unidad de quienes más ganan y quienes menos perciben, luchando codo con codo contra una brecha salarial excesiva y desproporcionada.
Actualmente, la diferencia salarial entre el sueldo más alto y el más bajo puede superar el 1.500 %, una cifra que consideramos inaceptable y que pone de manifiesto una injusticia estructural. El objetivo de limitar la brecha al 40 % es un referente simbólico y un programa de máximos hacia el que debemos avanzar. Todas las familias tienen necesidades similares: alimentación, vivienda, vestuario, desplazamientos… Por tanto, no es razonable que existan diferencias salariales tan extremas. Es hora de caminar hacia la coherencia y la racionalidad, recordando que, como decía Machado, «nadie ha de ser más que nadie, sea Agamenón o su porquero».
2. Reducción de la Brecha Salarial y Salario Mínimo Digno
• Exigimos que la diferencia salarial entre el sueldo más alto y el más bajo no supere el 40 %.
• Proponemos un salario mínimo de acuerdo-convenio de 1.500 € netos al mes para todo el Personal de Administración y Servicios (PAS), con mecanismos de actualización periódica y revisión de complementos.
• Pedimos la implantación legal de un porcentaje máximo de brecha salarial y el compromiso firme de eliminar progresivamente las desigualdades retributivas internas.
3. Condiciones Laborales Dignas y Estables
• Contratos a jornada completa (100 %), sin recortes ni subterfugios.
• Reconocimiento de la naturaleza estructural de los puestos de trabajo.
• Mejora de las condiciones laborales: eliminación de la precariedad, fin de las prácticas de vacaciones impuestas y del descuento de días de asuntos propios.
• Jubilación anticipada a los 60 años y reducción progresiva de la jornada laboral desde los 55 años.
4. Transparencia y Justicia en la Clasificación Profesional
• Reclamamos la definición, actualización y negociación urgente de los descriptores de puestos de trabajo, incluyendo criterios claros para la reclasificación, valoración, provisión y modificación de los puestos.
• Reclasificación inmediata para quienes desempeñan funciones de categoría superior sin la remuneración correspondiente.
5. Pluses Universales y Justos
• Universalización del plus de comunidad de 182 € mensuales para todas las personas empleadas públicas, sin excepciones.
• Teletrabajo: un derecho para todos. Cláusula de equidad para puestos no teletrabajables.
El teletrabajo debe ser un derecho real y accesible. Para garantizar la equidad, quienes no puedan teletrabajar por la naturaleza de su puesto recibirán 250 € al mes como compensación por los beneficios que aporta el trabajo remoto (ahorro en transporte, mayor conciliación, etc.). Esta cuantía será revisable y solo aplicable a funciones 100 % presenciales, manteniéndose los derechos de compensación para quienes sí teletrabajan.
6. Acuerdo-Convenio Integral: Igualdad y Cohesión para Todos los Empleados Públicos
En la Administración pública coexisten tres grandes colectivos: funcionarios, estatutarios y laborales. Tradicionalmente, cada uno ha estado regulado por acuerdos o convenios diferenciados, lo que ha generado desigualdades y fragmentación en derechos y condiciones de trabajo.
La tendencia más avanzada, ya implantada en otras comunidades como Madrid, es la negociación de un acuerdo-convenio integral. Aunque por exigencias normativas se plasme en textos diferenciados, se negocia de manera coordinada y recoge disposiciones prácticamente idénticas para todos los colectivos, especialmente en materias susceptibles de regulación común.
¿Por qué es fundamental este modelo?
• Permite la homologación y equiparación de derechos y condiciones laborales entre todos los empleados públicos del sector de Administración y Servicios (PAS), evitando que trabajadores con funciones similares sufran diferencias injustificadas por su distinta relación jurídica.
• La negociación colectiva en la Mesa General debe abordar de forma conjunta los aspectos transversales, pactando bases comunes que garanticen la igualdad y la transparencia.
Un acuerdo-convenio integral debe contemplar:
• Jornada y horarios homogéneos, flexibilidad y distribución justa del tiempo laboral.
• Permisos y licencias igualitarios, pluses universales y justos.
• Medidas de conciliación, teletrabajo y apoyo a la corresponsabilidad.
• Prevención de riesgos laborales y protección de la salud.
• Derechos sindicales y de representación.
• Formación, promoción interna y movilidad.
• Descriptores de puestos de trabajo y criterios de reclasificación transparentes.
• Fijación de un salario mínimo de acuerdo-convenio para todo el PAS, con actualización periódica y revisión de complementos.
• Establecimiento de un porcentaje máximo de brecha salarial legalmente permitido.
• Otros aspectos como igualdad de oportunidades, protección social y adaptación de puestos.
Este modelo está respaldado por la legislación estatal (EBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015), que reconoce la negociación colectiva conjunta de funcionarios, estatutarios y laborales en materias comunes. Apostar por un acuerdo-convenio integral es apostar por la igualdad, la cohesión interna, la modernización y la transparencia en la función pública.
7. Contexto de la Desigualdad Actual
Reconocemos la labor y el esfuerzo de todos los colectivos de empleados públicos de la Junta de Extremadura. Sin embargo, existen diferencias salariales significativas entre distintos sectores que es necesario abordar para garantizar la equidad:
• El personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) percibe, de media, 200 € más al mes que sus homólogos de la Administración General por trabajos equivalentes.
• El personal docente disfruta de una estructura salarial más favorable, con 40 € mensuales adicionales en complemento de destino, 140 € en complemento específico general, 182 € en complemento de comunidad y una media de 250 € al mes por formación permanente.
• Estas mejoras y la claridad en funciones y reclasificación no se aplican al resto de empleados de la Administración General.
La brecha salarial mensual entre empleados de la Administración General y sus equivalentes en el SES y el sector educativo puede alcanzar los 812 €. Esta diferencia no debe interpretarse como una crítica a otros colectivos, sino como una llamada a la solidaridad y a la justicia retributiva, para que todos los empleados públicos de Extremadura disfruten de condiciones dignas y justas.
Por todo ello, exigimos:
La equiparación inmediata de condiciones laborales y salariales para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura, mediante un acuerdo-convenio integral que garantice la justicia, la dignidad y la igualdad.
¡Firma y apoya esta petición para acabar con la discriminación y construir una administración pública más justa para todos!
https://chng.it/p9RzgLv9zv
1. Principio de Solidaridad: Luchar Juntos por la Justicia Salarial
Esta iniciativa se fundamenta en un verdadero principio de solidaridad entre todos los grupos profesionales. Apostamos por la unidad de quienes más ganan y quienes menos perciben, luchando codo con codo contra una brecha salarial excesiva y desproporcionada.
Actualmente, la diferencia salarial entre el sueldo más alto y el más bajo puede superar el 1.500 %, una cifra que consideramos inaceptable y que pone de manifiesto una injusticia estructural. El objetivo de limitar la brecha al 40 % es un referente simbólico y un programa de máximos hacia el que debemos avanzar. Todas las familias tienen necesidades similares: alimentación, vivienda, vestuario, desplazamientos… Por tanto, no es razonable que existan diferencias salariales tan extremas. Es hora de caminar hacia la coherencia y la racionalidad, recordando que, como decía Machado, «nadie ha de ser más que nadie, sea Agamenón o su porquero».
2. Reducción de la Brecha Salarial y Salario Mínimo Digno
• Exigimos que la diferencia salarial entre el sueldo más alto y el más bajo no supere el 40 %.
• Proponemos un salario mínimo de acuerdo-convenio de 1.500 € netos al mes para todo el Personal de Administración y Servicios (PAS), con mecanismos de actualización periódica y revisión de complementos.
• Pedimos la implantación legal de un porcentaje máximo de brecha salarial y el compromiso firme de eliminar progresivamente las desigualdades retributivas internas.
3. Condiciones Laborales Dignas y Estables
• Contratos a jornada completa (100 %), sin recortes ni subterfugios.
• Reconocimiento de la naturaleza estructural de los puestos de trabajo.
• Mejora de las condiciones laborales: eliminación de la precariedad, fin de las prácticas de vacaciones impuestas y del descuento de días de asuntos propios.
• Jubilación anticipada a los 60 años y reducción progresiva de la jornada laboral desde los 55 años.
4. Transparencia y Justicia en la Clasificación Profesional
• Reclamamos la definición, actualización y negociación urgente de los descriptores de puestos de trabajo, incluyendo criterios claros para la reclasificación, valoración, provisión y modificación de los puestos.
• Reclasificación inmediata para quienes desempeñan funciones de categoría superior sin la remuneración correspondiente.
5. Pluses Universales y Justos
• Universalización del plus de comunidad de 182 € mensuales para todas las personas empleadas públicas, sin excepciones.
• Teletrabajo: un derecho para todos. Cláusula de equidad para puestos no teletrabajables.
El teletrabajo debe ser un derecho real y accesible. Para garantizar la equidad, quienes no puedan teletrabajar por la naturaleza de su puesto recibirán 250 € al mes como compensación por los beneficios que aporta el trabajo remoto (ahorro en transporte, mayor conciliación, etc.). Esta cuantía será revisable y solo aplicable a funciones 100 % presenciales, manteniéndose los derechos de compensación para quienes sí teletrabajan.
6. Acuerdo-Convenio Integral: Igualdad y Cohesión para Todos los Empleados Públicos
En la Administración pública coexisten tres grandes colectivos: funcionarios, estatutarios y laborales. Tradicionalmente, cada uno ha estado regulado por acuerdos o convenios diferenciados, lo que ha generado desigualdades y fragmentación en derechos y condiciones de trabajo.
La tendencia más avanzada, ya implantada en otras comunidades como Madrid, es la negociación de un acuerdo-convenio integral. Aunque por exigencias normativas se plasme en textos diferenciados, se negocia de manera coordinada y recoge disposiciones prácticamente idénticas para todos los colectivos, especialmente en materias susceptibles de regulación común.
¿Por qué es fundamental este modelo?
• Permite la homologación y equiparación de derechos y condiciones laborales entre todos los empleados públicos del sector de Administración y Servicios (PAS), evitando que trabajadores con funciones similares sufran diferencias injustificadas por su distinta relación jurídica.
• La negociación colectiva en la Mesa General debe abordar de forma conjunta los aspectos transversales, pactando bases comunes que garanticen la igualdad y la transparencia.
Un acuerdo-convenio integral debe contemplar:
• Jornada y horarios homogéneos, flexibilidad y distribución justa del tiempo laboral.
• Permisos y licencias igualitarios, pluses universales y justos.
• Medidas de conciliación, teletrabajo y apoyo a la corresponsabilidad.
• Prevención de riesgos laborales y protección de la salud.
• Derechos sindicales y de representación.
• Formación, promoción interna y movilidad.
• Descriptores de puestos de trabajo y criterios de reclasificación transparentes.
• Fijación de un salario mínimo de acuerdo-convenio para todo el PAS, con actualización periódica y revisión de complementos.
• Establecimiento de un porcentaje máximo de brecha salarial legalmente permitido.
• Otros aspectos como igualdad de oportunidades, protección social y adaptación de puestos.
Este modelo está respaldado por la legislación estatal (EBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015), que reconoce la negociación colectiva conjunta de funcionarios, estatutarios y laborales en materias comunes. Apostar por un acuerdo-convenio integral es apostar por la igualdad, la cohesión interna, la modernización y la transparencia en la función pública.
7. Contexto de la Desigualdad Actual
Reconocemos la labor y el esfuerzo de todos los colectivos de empleados públicos de la Junta de Extremadura. Sin embargo, existen diferencias salariales significativas entre distintos sectores que es necesario abordar para garantizar la equidad:
• El personal del Servicio Extremeño de Salud (SES) percibe, de media, 200 € más al mes que sus homólogos de la Administración General por trabajos equivalentes.
• El personal docente disfruta de una estructura salarial más favorable, con 40 € mensuales adicionales en complemento de destino, 140 € en complemento específico general, 182 € en complemento de comunidad y una media de 250 € al mes por formación permanente.
• Estas mejoras y la claridad en funciones y reclasificación no se aplican al resto de empleados de la Administración General.
La brecha salarial mensual entre empleados de la Administración General y sus equivalentes en el SES y el sector educativo puede alcanzar los 812 €. Esta diferencia no debe interpretarse como una crítica a otros colectivos, sino como una llamada a la solidaridad y a la justicia retributiva, para que todos los empleados públicos de Extremadura disfruten de condiciones dignas y justas.
Por todo ello, exigimos:
La equiparación inmediata de condiciones laborales y salariales para todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura, mediante un acuerdo-convenio integral que garantice la justicia, la dignidad y la igualdad.
¡Firma y apoya esta petición para acabar con la discriminación y construir una administración pública más justa para todos!
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